Luces y Sombras en la Comunicación Previa y la Declaración Responsable.

Consideraciones Generales.

Es de largo sabido que en España abrir un negocio venía siendo toda una odisea. ¿Por qué?  La respuesta siempre solía ser la misma. Conseguir las diferentes licencias, tanto de Obra como de Actividad. Lo normal era que el interesado solicitaré al Ayuntamiento de turno el correspondiente permiso para abrir un negocio. Es entonces cuando comenzaba el periplo o peregrinaje de entrega de papeles, plazos indeterminados, certificados imposibles y un sinfín de pasos que llevaban en ocasiones a tardar hasta 2 años y más en conceder una licencia. Pero como se gestiona tal  situación, ¿Cómo se le explica a un señor que quiere abrir un bar que es posible que se alarge hasta 2 años? De todos es conocido situaciones como la operación guateque . El resultado solía ser que la mayoría solicitaba las preceptivas licencias e inmediatamente después abrían los negocios incurriendo en una clara ilegalidad pero aun así asumiendo el riesgo que ello conlleva.

Con el claro objeto de evitar lo descrito en el párrafo anterior han surgido 2 nuevos procedimientos Administrativos, la Comunicación Previa y la Declaración Responsable cuya misión resulta ser la eliminación de barreras burocráticas a la hora de gestionar las referidas licencias urbanísticas. Pero, ¿Cómo están funcionando en su aplicación? ¿Se entiende lo que son? ¿Están sabiendo los Ayuntamientos aplicarlas y gestionarlas correctamente?

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Origen y objeto.

A partir de la Directiva 2006/123/ce Del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, la conocida como Directiva de Servicios, tiene como objetivo la absoluta eliminación de obstáculos innecesarios para la prestación de determinados servicios, la finalidad es reducir las trabas injustificadas y principalmente el incentivo para la nueva creación de empresas con las consecuencias positivas que ello conlleva, ahora bien ¿cómo se ha transformado en la legislación española? El Art 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común lo regula a través de 2 procedimientos nuevos, la Comunicación Previa y la Declaración Responsable, cuyo objetivo principal es variar el control a priori que existía en las Administraciones por un control a posteriori consistente en inspecciones y medidas tendentes a controlar la legalidad del acto. La idea de estos dos procedimientos y dicho de un modo muy básico; es que el interesado comunique a la Administración por escrito el negocio que piensa hacer o la pequeña obra que necesita realizar, después deberá pagar las tasas y según qué casos entrega de la documentación preceptiva, a partir de ahí ya puede comenzar la obra o actividad, pero ¿en todo tipo de casos? La respuesta es NO, únicamente para obras de pequeña envergadura y pequeños negocios, normalmente inocuos e inferiores a 300m², el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, recoge un catálogo de negocios que caben en estos sistemas, aunque la tónica y pauta general es que los Ayuntamientos lo adapten a través de la creación o modificación de ordenanzas municipales.

¿Cómo se está aplicando por las Administraciones Locales?

Pues para empezar y antes de entrar en el análisis es necesario subrayar que cada Comunidad Autónoma ha aprobado su propia norma de transposición de la normativa autonómica a la Directiva de Servicios y, en consecuencia, se deberá tener en cuenta tanto la regulación de carácter básico del Estado como la regulación autonómica. Lo que dicho de otro modo ha supuesto el lío padre para muchos municipios.  Y es que la forma de adaptar la directiva europea a la realidad social de los ciudadanos es a través de la aprobación de ordenanzas que regulen con detalle todo el proceso de concesión de esta “toma de conciencia” En muchos casos se han adelantado los municipios con sus disposiciones generales a las leyes dictadas por la Comunidad, es decir se redactó la ordenanza basada en la directiva y en la ley estatal y posteriormente la aprobación de la ley por parte de la Comunidad ha supuesto que la ordenanza contradijera a ésta lo que se  ha transformado en un sinfín de modificaciones de las recientemente aprobadas ordenanzas municipales.

Lo cierto es que el tema daría para una tesina. Y es que hay de todo. Municipios que entendieron desde el principio el concepto y sentido de la norma y han desarrollado ordenanzas correctas y repletas de sentido común. Municipios que utilizan la ordenanza redactada de otra localidad, haciendo el clásico –copi-pega- y después no tienen ni idea de cómo aplicarlo. Especialmente si la copia se hace de un municipio pequeño a uno de gran envergadura. Municipios que han desarrollado ordenanzas que directamente son ilegales, especialmente por no entender lo que se pretende. Por ejemplo, hay ordenanzas que han regulado un régimen sancionador para aquella persona que solicite una Declaración Responsable o Comunicación Previa y no entreguen toda la documentación solicitada por parte de la Administración. Cuando lo que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En todo caso es proceder a la caducidad del expediente o si acaso dar al interesado por desistido. Pero sancionarle por no entregar una determinada documentación es sin duda algo totalmente dantesco.

¿Pierde el control la Administración?

La Declaración Responsable y la Comunicación Previa consisten básicamente en una toma de conciencia por parte de la Administración de una obra u actividad que se pretende por parte del interesado. Se pone en conocimiento del Ayuntamiento y se comienzan las obras de inmediato. ¿entonces, cómo se controla la legalidad de los actos? Pues el control existe, es más nunca se ha perdido, solo que antes era previo a la concesión de la licencia y ahora se produce a posteriori ¿cómo? Pues el control implica que los funcionarios deberán girar visitas y controles constantes para ver que lo comunicado a la Administración es conforme a derecho y a la puesta en conocimiento previamente realizada.

En caso de comprobarse que la obra, actividad o ambas no se corresponde con lo solicitado. La Administración sigue teniendo la potestad en materia  de Disciplina Urbanística. Pudiendo realizar paralizaciones, legalizaciones, demoliciones, sancionadores etc etc.

Conclusión: Todavía es pronto para saber si estos nuevos sistemas de concesión de las antiguas licencias están funcionando. Parece ser que en algunos aspectos los ciudadanos han ganado en eficacia toda vez que ahora la pelota la tiene la Administración y no el Administrado como solía pasar. Ahora bien,  con respecto a la potestad y control de la regulación de los actos, hay demasiadas Administraciones implicadas, Directivas Europeas, Leyes Estatales, Leyes dictadas por las Comunidades Autónomas, forman un pupurrí  -que no un complemento normativo-, difícil de asimilar por lo Municipios – especialmente lo pequeños- que terminan enfrentándose al problema de preparar disposiciones generales racionales con tantas normas para regular un asunto tan simple. Tampoco parece tener mucho sentido que resulte muy diferente los requisitos para abrir una ferretería en diferentes lugares de la península.

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Más allá de los eslóganes políticos en los que se comentará lo fácil que ahora resulta abrir un negocio en España. Lo cierto es que toda la situación está suponiendo un pulso para las Administraciones Públicas en su conjunto cuyos resultados están por ver.

 

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