La Representación y el interés legítimo en los Procedimientos Administrativos

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Parece cuestión pacifica ambas situaciones. Pero no están exentas de polémica y de dudas. Especialmente por la confusión que suelen generar en cuanto a los aspectos similares de los procesos judiciales.

Con respecto al sistema de Representación en los procedmiientos Administratvios. El art. 163 del ROD no aclara mucho ya que únicmaente hace una referencia a la normativa vigente en la materia de procedimiento administrativo. Lo que son los art. 30 ss de la ley 30/92 LRJPA.

Se entiende que la representación puede acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, es decir el clásico poder notarial o documento privado con firma legitimada. También podría ser a través de una declaración en comparecencia del personal interesado. La figura es similar al apoderamiento Apud Acta pero todavía menos formal.

Como ejemplo sirva la consulta publicada por la Revista El Consultor de los Ayuntamiento EC 1063/2003 << en la que se nos planteaba. Cómo podía acreditarse la representación en una solicitud de devolución de un recibo de IAE. En dicha consulta argumentamos que el artículo 155 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre General Tributaria (LGT), disponía que “los sujetos pasivos o responsables y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasión del pago de las deudas tributarias, aplicándose el interés legal” remitiéndose a la vía reglamentaria para la determinación del procedimiento a seguir, reglamentación  contenida en el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre (EC 1785/1990), por el que se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria. Su aplicación a la Administración Local resulta de lo establecido en su disposición adicional 5ª. Y el artículo 14.1 a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (EC 771/2003), reguladora de las haciendas locales.>>

Parece por lo visto que el tema tiene una vinculación directa con el sentido común y el devenir diario. De tal modo que podría resumirse en el sentido que la Representación cabe sin mayores problemas. Siempre y cuando se cumpla con algúno de los sistemas o requisitos que acrediten dicha representación.

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Cuestión diferente resulta la consideración de interesado para el acceso a un expediente Administrativo. Imaginemos por Ejemplo que mi vecino está realizando una obra de cuya legalidad dudo. Acudo al Ayuntamiento y les insto a que giren visita y a que comprueben los datos relativos a licencias o autorizaciones necesarios.  Del resultado de lo anterior resulta que no existía licencia de obras. Los técnicos municipales levantan acta y la Asesoría Jurídica abre Expediente Sancionador al vecino que ejecuta la obra. ¿Puede el otro vecino tener acceso al expediente y sus documentos y a conocer todas las medidas que se están tomando? Reconocer a una cuestión tan sencilla es fruto de una gran división de opiniones entre muchos funcionarios y profesionales.  Es conocido que el derecho de acceso a archivos  y registros así como obtener copias se reconoce a todos los ciudadanos de lo que se parece inferir que no es necesario ostentar la condición de interesado para la condición de que se trate. En esa vertiente entran distintas valoraciones y distintos momentos procesales. El art 35 LRJPA reconoce en su letra a) el derecho de los ciudadanos a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesado y en el art. 37 de la misma ley reconoce el derecho de acceso a archivos y registros.  Visto lo visto habrá que distinguir si el expediente se encuentra terminado. De tal modo que cabe concluir estableciendo que aquellos expedientes que se encuentran en procedimiento abierto solo podrán acceder las partes que demuestren un interés legítimo, Mientras que en los expedientes que ya se encuentren plenamente tramitados podrá acceder cualquier ciudadano sin mayores problemas.

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